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FINANZAS DE LA PROVINCIA A FUTURO
Viernes 1 de diciembre de 2017
por las expropiaciones millonarias.
Las demandantes pretenden una indemni-
zación que debe retrotraerse a noviembre
de 1958, aunque el inmueble fue adquirido
por ambas el 15 de agosto de 2006. Sin
embargo hay jurisprudencia sobrada que
indica que cuando alguien compra un in-
mueble, lo hace con todos los derechos de
quien lo vende.
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Si bien no hay una liquidación hasta el mo-
mento que establezca monto, se deduce
que la cifra llevaría varios ceros. Esta pre-
tensión fue desinflada por el fallo de la Sala
IV, ya que sostuvo que la fecha que debía
tomarse en cuenta como de desposesión
para las reclamantes era la fecha de com-
pra del inmueble, 15 de agosto de 2006 y
no la del año 1958, dado que no se debía
pagar por el tiempo que no poseyeron el in-
mueble. No obstante nunca la provincia
pagó la expropiación.
La demanda
original
E
l inicio del reclamo judicial se re-
monta al año 2009. En ese mo-
mento fue que se presentó el
reclamo judicial por la expropiación de un
inmueble que las reclamantes lo compraron
La famosa vereda de San Vicente de
Paul. Por ese inmueble se pagò entre
capital, intereses y honorarios la suma
de 23 millones de pesos.
en el año 2006, pero es un bien que era
propiedad del abuelo paterno y posterior-
mente quedó en manos del padre de quie-
nes accionaron. En la presentación consta
que la provincia nunca pagó esa expropia-
ción para lo cual la nación había deposi-
tado los fondos.
Cuál es el
fallo revocado
L
a Sala IV consideró que la fijación de
línea de veredas, como la prohibición
de la construcción de edificios de más
de diez pisos en una zona de alto riesgo
sísmico como es San Juan,
son restriccio-
nes administrativas no indemnizables
que rigen para todos los ciudadanos de esta
provincia en igualdad de condiciones.
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El fallo sostenía que, de accederse a lo pe-
dido obligando al Estado a expropiar la ve-
reda que aún hoy registra a nombre de las
demandantes, debería, en aras de preser-
var el derecho a la igualdad, proceder a ex-
propiar todas las veredas de la provincia ya
construidas y todas aquellas veredas que
en el futuro se construyan en cumplimiento
con las normas de seguridad que rigen
como consecuencia de los terremotos.
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La sentencia de segunda instancia cues-
tiona la resolución del juez Olivares Yapur
por tanto fija monto indemnizatorio, esta-
blece a partir de cuándo deben calcularse
los intereses y deja sentado que la línea de
edificación de veredas constituye una ex-
propiación.
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La camarista María Josefina Nacif deja sen-
tado en su voto que para que exista expro-
piación, debe existir desposesión del
inmueble en cuestión y que el Estado se
haya apropiado para incorporarlo a su patri-
monio previa declaración de utilidad pública
del bien, lo que a criterio de la magistrada
no ha ocurrido. En este sentido, Nacif opina
que la nueva línea de edificación de vere-
das después del terremoto es un tema de
seguridad. La discusión es por el frente de
un inmueble ubicado en calle Aristóbulo del
Valle.
A
demás de las más de cien
causas que tiene Fiscalía de
Estado y que fueron iniciadas
como diligencias preliminares, apare-
cen casos escandalosos en los que se
pagaron montos millonarios y en otros
logró frenarse.
La vereda de San Vicente de
Paul:
Es una vereda de 1.500 me-
tros cuadrados ubicada en San
José y Matías Zavalla, Desampara-
dos. Del total expropiado, en realidad
el 50% ya estaba a nombre del Estado
provincial. Por esa vereda, la más es-
candalosa, se terminó pagando 17 mi-
llones de pesos en concepto de
capital más intereses y 5 millones de
pesos de honorarios. El dueño del jui-
cio era el abogado Santiago Graffigna.
La vereda del caso Herrería:
Es
un reclamo iniciado por una expro-
piación en calle Paula Albarracín
de Sarmiento. La provincia había sido
condenada a pagar 1,8 millones de
pesos por 124 metros cuadrados de
vereda, aunque la Corte anuló ese
fallo tras haber estallado el escándalo.
La vereda del caso Bórbore:
Este expediente no formó parte de
la denuncia original por la mega-
causa pero de igual modo el reclamo
es escandaloso. El trámite se inició en
el año 1987 como una diligencia preli-
minar por el abogado Horacio Alday.
El inmueble en cuestión eran 55 me-
tros cuadrados de una vereda ubicada
en calle Mitre entre Alem y Catamarca
y el Estado terminó pagando en el año
2003, 300 mil pesos. El juez de este
caso fue Carlos Macchi.
Veredas
que fueron
escandalosas
Qué dijo la Cámara Civil
Qué dijo la Corte
L
os camaristas María Josefina Nacif, Juan Jesús
Romero y Estela Zorrilla se basaron en frases cla-
ves de la jurisprudencia, tanto de autores reconoci-
dos como de fallos de la Corte de Justicia de San Juan.
Algunos de estos conceptos son los siguientes:
“…aplicaré en esta instancia la ley 7.966 por en-
contrarse este proceso en trámite en tanto la sen-
tencia de primera Instancia no se encuentra firme…”.
La norma citada es la nueva ley de expropiaciones de
la provincia y es de aplicación inmediata, afectando a
todos los procesos en trámite en los cuales no se
haya dictado sentencia definitiva.
“…la fijación de la línea de edificación no es una
expropiación, ya que no se pretende incorporar al
dominio público superficie alguna…”.
“…la fijación de la línea de edificación es una li-
mitación administrativa impuesta por el Código
de Edificación y que en caso de obligar al Estado pro-
vincial a expropiar y abonar el costo de la vereda, el
resto de los ciudadanos tendrían igual derecho”.
Dice la sentencia que la desposesión material no se
configura porque las dos personas que reclaman ad-
quirieron el dominio y posesión del bien en agosto de
2006 y no en noviembre de 1958.
Rechaza el Tribunal la invocación de una norma del
año 1948 que daba calificación de “utilidad pública” a
todos aquellos inmuebles que fueran necesarios para re-
construir San Juan después del terremoto de 1944.
“…la fijación de la línea de edificación no se pro-
dujo en el año 1958, ni les ocasionó ni nunca
pudo ocasionarles a las actoras (demandantes) la in-
disposición del inmueble desde el año 1947, como
sostienen en su demanda”.
L
os cortistas Adolfo Caballero, Juan Carlos Caba-
llero Vidal y Ángel Medina Palá hablaron de incons-
titucionalidad de algunas leyes y recomendaron
que el próximo fallo se acomode a eta resolución.
“…debe anularse el fallo cuestionado, para que el
tribunal que corresponda ingrese al análisis inte-
gral del fallo cuestionado”.
“…me pronuncio porque sean impuestas –las
costas- a la recurrida perdidosa”.
“… cabe señalar que las facultades jurisdicciona-
les que adquiere el tribunal de alzada con la aper-
tura de la segunda instancia no son plenas, sino que
se encuentran limitadas en función del principio de
congruencia, encontrándose expresamente vedado fa-
llar sobre capítulos no propuestos a la decisión del
juez de primera instancia”.
“…no se lleva a cabo un nuevo juicio, sino una re-
visión de lo decidido en primera instancia…”.
Cómo sigue
el trámite
C
on la resolución de
la Corte, ahora el ex-
pediente bajará a
otra Sala Civil. Esta vez será
el turno de la Sala Segunda,
que tiene solo dos integran-
tes: Oscar Otiñano y Robe-
reto Pagés Lloveras. No
obstante el trámite podría
demorar porque Fiscalía de
Estado recusaría a Pagés
Lloveras porque cuando era
juez de primera Instancia ya
falló sobre el tema expropia-
ciones.
Sea cual fuere la resolución
de esta Sala, que deberá ob-
servar las recomendaciones
de la Corte, de ser apelada
el tiempo habrá pasado y la
Corte tendrá integración, lo
que le abre alguna espe-
ranza al gobierno provincial.
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